“Pese al ASPO y la caída del delito, las detenciones se siguieron incrementando”

Roberto Cipriano, de la Comisión Provincial por la Memoria, adelanta “El Sistema de la Crueldad”, el informe anual que se presenta este miércoles sobre las condiciones en lugares de encierro en Buenos Aires y el rol de las fuerzas de seguridad durante la pandemia. Avances en políticas de salud mental.


[AUDIO] Canal Abierto – Cooperativa la 770 – Lunes 19 de Julio de 2021

Roberto Cipriano, Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, habló sobre la presentación del Informe Anual 2021 “El Sistema de la Crueldad”, que se realizará este miércoles 21 de julio a las 18 vía streaming. “La pandemia atravesó todo, cambió a los organismos y a las instituciones y nosotros nunca dejamos de estar en esos lugares”, destacó.

Los ya tradicionales y respetados de la CPM se realizan desde el año 2004, sobre el sistema penitenciario, comisarías, centros de encierro para jóvenes, y a partir del 2012 se relevan también hospitales neuropsiquiátricos que alojan a personas con padecimientos mentales. Durante el 2020, la Comisión continuó con el monitoreo aunque con menor frecuencia y algunas dificultades, y este miércoles se presentan las conclusiones.

“cuando se fue la gestión anterior los proveedores no cobraban por meses, y problemas más estructurales dentro del funcionamiento del sistema” -explicó Cipriano-, lo que llevó a una masiva huelga en todo el sistema penitenciario a fines del 2019 por la falta de medicamentos, alimentos e incluso de materiales de higiene. Cuando cambió el gobierno, se implementó la Mesa de Diálogo impulsada por el gobernador Axel Kicilloff y el Ministerio de Justicia de la Provincia, “donde participa en la corte el Tribunal de Casación, jueces, el Poder Legislativo, Ejecutivo y los organismos de derechos humanos”, amplió.

El propio Eduardo de Lazzari, presidente de la Corte bonaerense en ese momento, convocó a todos los jueces para que adecuen sus criterios de resoluciones de prisiones preventivas. Automáticamente comenzó a bajar la tasa de detenciones y encarcelaciones por delitos leves, “y eso no implica que hubo un gran descenso de la población encarcelada, pero un amesetamiento que se mantuvo: hubo 695 personas menos en todo el sistema de detención, que no es menor, porque veníamos de casi 10 años de crecimiento y superpoblación”, indicó el reconocido especialista.

En abril del 2020, el Juez Víctor Violini firmó la resolución que habilitó la salida de las cárceles de la provincia de Buenos Aires de 2300 presos y presas, en medio de la pandemia de COVID-19. Desde la CPM destacaron la perspectiva de derechos humanos, ya que disponía que las personas que estén cumpliendo condenas bajas, o con factores de riesgo determinados, pudieran cumplir un régimen de prisión domiciliaria.

Pero a partir de allí “se montó una campaña de los medios hegemónicos empresariales diciendo que se liberaban violadores y asesinos, eso generó un fuerte reclamo de un sector de la sociedad, con cacerolazos, y eso trajo a una retracción del Poder Judicial en las medida que venían adoptando”, lamenta Cipriano. Desde ese momento, “la prisionalización, que venía bajando el primer trimestre del año, se mantuvo estable durante todo el resto del año”, agrega.

Destacan en el informe la represión en el Sistema Penitenciario a finales de octubre y principios de noviembre, inducida por el propio Servicio Penitenciario, “que implicó más de 600 personas con heridas graves, cerca de 20 personas que perdieron un ojo la represión, por los disparos a quemarropa”, describe el dirigente. Si bien tuvo que ver con la imposibilidad de las visitas familiares, Cipriano remarcó que sirvió para “retomar ese gobierno violento por fuera de lo que se venía promoviendo, que era el diálogo, se deja el diálogo y se pasa a la violencia más cruenta”.


Reducción de la circulación y del delito

Durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio el delito se redujo entre un 25 y un 30 por ciento. “Pero eso no implicó que la violencia y la represión policial no se incrementará: hubo un incremento muy importante de esa presión policial sobre los sectores más vulnerables y pobres de la población”, indicó el abogado de la CPM.

“En 2019, la Policía detuvo 280.000 personas y en el 2020 detuvo 410.000, o sea, hubo 130.000 aprehensiones más en la provincia de Buenos Aires. Solo 37.000 de esas personas quedaron después detenidas, porque se comprobó su relación con algún delito. Menos del 10 por ciento”.

“Son detenciones que la policía realizó en la prevención del delito, que es la función policial. El resto de las personas son detenidas por otras causas, que tienen que ver más con la regulación policial del delito en el territorio con el esquema de cómo funciona la seguridad en la provincia, que significan un despliegue arbitrario y violento sobre todo en las poblaciones vulnerables”. Cipriano subrayó dos casos resonantes de gatillo fácil como el de Lucas Verón en la Matanza, y la desaparición de Facundo Astudillo Castro.


“Hubo avances muy importantes en las políticas de Salud Mental”

Desde la CPM han denunciado y trabajado para el control y las clausuras de esos lugares que violan los derechos de las personas alojadas. Cipriano destacó que el gobierno provincial comenzó a implementar la Ley de Salud Mental y anunció el cierre de los manicomios públicos, al mismo tiempo que se redujo la cantidad de población alojada en esos centros y la cantidad de muertes.


“Pese al COVID, hubo avances y en una perspectiva de derechos humanos, pero no pasa lo mismo con los establecimientos privados que alojan personas de salud mental, comunidades terapéuticas, parece que siguen siendo cuevas donde pasan muchas cosas”, advirtió.

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